Difícil resumir los sucesos de la oleada represiva, el burdo espectáculo televisivo se cimentó en la maquinación político–jurídico-policial, reproduciendo y asesorándose en el proceso italiano conocido como “Marini” y “Cervantes”, en donde varios centros sociales y casas okupadas fueron allanadas y sus integrantes detenidxs con el cargo de “Banda Armada”. La “Operación Salamandra” (especie de símil chileno) capturó a 14 personas por los cargos de Asociación Ilícita Terrorista, porte o colocación de artefacto explosivo.
Relaciones de amistad o afecto son transformadas, mutadas a una estructura jerárquica. Muchxs de lxs imputadxs ni siquiera se conocen(ían).
¿Quién diría que la idea de intentar vivir sin la reproducción del poder nos llevaría a ser juzgadxs de pertenecer a una Asociación Ilícita?… Los ilustres funcionarixs policiales declaran que las casas okupadas eran utilizadas como centros conspirativos donde se fabricaban bombas; nada dicen de las bibliotecas para todx aquel que tuviese interés y compromiso solidario. Hoy muchos de esos libros son una más de las “tantas pruebas”.
La Fiscalía cuenta con pruebas orgánicas encontradas en los lugares donde se efectuaron algunos atentados, una de las cartas maestras sería la certeza de las pruebas científicas, otro tiro por la culata de los opresores: de todas las pruebas biológicas ninguna posee incidencia con lxs imputadxs del 14-A. Todas las muestras de ADN fueron extraídas a la fuerza por funcionarixs de Gendarmería y Carabineros.
Las artimañas de la Fiscalía reúnen desde absurdos vínculos como por ejemplo el “Caso Pakistaní” hasta la complicidad de los medios de comunicación masivos, los cuales desde hace varios años cimentaban el discurso antiterrorista, así montaron el escenario para la cacería de aquel 14 de Agosto.
A pesar de llevar una investigación de más de cinco años, los acusadores piden 180 días de prisión preventiva argumentando necesitar una investigación más exhaustiva, ya que no bastaba con el testimonio de Gustavo Fuentes Aliaga. Lo normal en un debido proceso es que la Defensa cuente con la carpeta investigativa en los días posteriores a la formalización de cargos, dentro del “Caso Bombas” dicha carpeta llegó a la Defensa a los casi 3 meses de encierro y además incompleta. Recién a los más de 170 días de prisión la Fiscalía entrega las “páginas secretas”.
No ha existido pudor en entrometerse en la vida íntima de lxs acusadxs, desde amedrentamiento a niños pequeños hasta cientos de escuchas telefónicas que sólo prueban lazos afectivos entre lxs co-imputadxs.
En el interior de este penal (CPF) nos hemos visto enfrentadas a distintos tipos de interrogatorios -formales e informales- por parte de distintxs funcionarixs de Gendarmería: vigilantes, sociólogos-criminólogos, asistentes sociales, etc. Lxs cuales buscaban alguna declaración y/o el perfil delictual adecuado. Revelamos esta información no con un sentido victimista, sino para prevenir a lxs que se puedan ver en una situación similar, el poder ocupa(rá) todos sus tentáculos para prolongar el encierro. Hostigamiento que repercute en todxs nuestrxs hermanxs, amigxs, compañerxs, familia de orgullosxs insumisxs, que jamás han agachado la cabeza ante ningún carcelerx.
Se nos pretende procesar por una ley heredada de la Dictadura, que posee entre unos de sus atributos a lxs testigos ocultos, quienes según lo visto en los procesos judiciales del pueblo mapuche pueden ser civiles o militares. Además, esta ley condena delitos comunes subiendo su penalidad. Para poder levantar la prisión preventiva por otras medidas cautelares no basta sólo con la decisión del juzgado, ya que si la Fiscalía y demases acusadores apelan a esta decisión en el órgano superior (corte de apelaciones) se necesita unanimidad de votos, a diferencia de cualquier otro delito que sólo necesita una mayoría simple, otra trampa más dentro de esta telaraña judicial.
Los golpes no sólo llegan a lxs secuestradxs de aquel 14 de Agosto, sino a quienes intenten cuestionar el actual estado policial: castigo ejemplificador para cualquier indócil.
Es por todo esto que hoy Lunes 21 de Febrero, cumpliéndose ya los plazos investigativos (más de 180 días) comenzamos una movilización con características de Huelga de Hambre Líquida indefinida. Utilizamos nuestro cuerpo como medio de exigencia de:
1. Libertad Inmediata a todxs lxs imputadxs del 14 de Agosto. Ni un plazo más. Juicio Ahora.
2. Fin a la Ley Antiterrorista. No más testigos ocultos, no más votación unánime.
3. Traslado y mejoras carcelarias.
Estas últimas líneas van para ustedes, compañerxs: no dejemos espacio para el olvido, esto no comenzó el 14 de Agosto ni terminará con nosotrxs. Ninguna acción tendría sentido si quedara en estas frías paredes, los tiempos son complejos, esperamos mantenernos a la altura de la situación. Que vuestra imaginación vuele y se transforme en acción al igual que estas palabras.
En la lucha contra toda forma de Dominación: NADIE ESTÁ SOLX!!!
Mónica Caballero Sepúlveda, Prisionera Política Anarkista.
Andrea Urzúa Cid, Prisionera Política Libertaria.
Sección de Alta Seguridad (SEAS).
Centro Penitenciario Femenino.
Santiasko, $hile, 21 de Febrero de 2011.