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Una bomba de ruido estalló en la Oficina de la Defensoría Popular, colectivo de abogados que defiende a nueve de los 14 imputados en el “Caso Bombas”.
Efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (Gope) salían de la oficina del grupo de abogados, donde se encontraba la coordinadora del equipo, María Rivera, quien resultó con daño acústico. Ella se fue a constatar estas lesiones en un servicio de salud.
Efectivos policiales, tanto de Carabineros como de Investigaciones, estuvieron toda la tarde en el lugar, ubicado a metros de la Torre Entel y aún se espera una teoría sobre la autoría de los hechos.
Por su parte, el abogado Rodrigo Román, quien lleva el caso de Omar Hermosilla, declaró que hay un procedimiento policial que es irregular, puesto que a su juicio se ha alterado el sitio del suceso y no les permiten estar presentes durante los peritajes, cosa que es sospechosa a pocos días de una audiencia en que la Fiscalía pretende reformalizar a los imputados y cuando ellos preparan su defensa.
Lorena Barudi, de la Fiscalía Centro Norte, señaló que había un “recipiente plástico que contenía un líquido que generó la explosión y que “todavía no está claro que esto sea un delito. Primero hay que investigar”. La fiscal agregó que ante las dudas que manifestaban los abogados y algunos familiares de los acusados en el caso porque no se les permitió estar presentes en su oficina mientras era periciada, “este es un procedimiento normal en un caso como este” y que “estamos en un estado de derecho y en un estado de derecho las policías actúan con probidad” y además informó que “todo el procedimiento fue filmado”, tratando de ofrecer tranquilidad a quienes expresaron sus dudas.
Luego de los hechos, durante la espera de las declaraciones de lo sucedido un policía preguntó a Rodrigo Román si alguno de los imputados o familiares no estarían conformes con la defensa que estaba adelantando la Defensoría Popular, a lo que Ximena Muñoz, vocera de los detenidos que llevan más de 20 días en huelga de hambre, replicó que es una pregunta insidiosa que lo que busca es generar animadversión en contra de estas personas que hasta ahora no han pasado por un juicio y que, por lo tanto, no son culpables.
Román informó que el artefacto explosionó a las 13:30 horas y de inmediato llamaron a la policía y que era el Fiscal Regional Metropolitano, Andrés Montes, quien habría dado la orden de que los afectados no estuvieran presentes en las pericias.
Por su parte, Verónica Garín, compañera sentimental de Omar Hermosilla (acusado de ser financista de una organización ilícita), señaló que ella supone que “buscan crear un clima adverso en la opinión pública en contra de los inculpados para mantenerlos en prisión preventiva”, en el marco de que en tres días más enfrentan una nueva audiencia en que la Fiscalía pretende reformalizar los cargos y aumentar el tiempo de investigación seis meses más antes del juicio.
El equipo de abogados han defendido a comuneros mapuche, así como en el caso de los detenidos el 14 de agosto pasado y trabajan en una serie de denuncias de atropellos a los derechos humanos.
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El llamado es a estar atentxs, a no subestimar a la “inteligencia policial” que es capáz de pasar a llevar la ley que tanto protegen a cambio de generar ambientes propicios para justificar la represión y encarcelamiento de compañerxs. Es urgente reflexionar y responder a estos ataques, que, creemos, no se hermanan con la lucha por la libertad y que incluso pueden perjudicar a lxs compañerxs hoy procesadxs por el “caso bombas”.